La asociación aboga por un acuerdo de Estado e intersectorial para ordenar las TIC.
ADECES (Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales) rechaza, por introducir distorsiones en los mercados, ser precipitada y de carácter provisional, la propuesta del Gobierno de introducir un nuevo canon que gravará la actividad de los operadores de telecomunicaciones y de las televisiones privadas para financiar la reducción de la publicidad en TVE. ADECES considera que es preciso abordar de una forma más coherente la ordenación del sector TIC, a través de un pacto de Estado e intersectorial.
El citado pacto debe examinar, según ADECES, no sólo la financiación de la televisión pública, sino también otros aspectos de las nuevas tecnologías, esencialmente la banda ancha, su incidencia en la actividad económica y su colisión con los derechos reconocidos en todas las legislaciones.
En concreto, ADECES, entiende como elementos estratégicos del pacto por el que aboga, los siguientes:
Financiación de la televisión pública
A juicio de la asociación, dos deben ser los pilares en los que se asiente la financiación del ente público RTVE: financiación del Estado, en las proximidades del 50% y un canon a los hogares, o sobre los receptores de TV, que cubra el 50% restante. Según los presupuestos del ente para 2009 éste canon representaría 39 euros por hogar.
Con ello, ADECES, entiende que el modelo de financiación del ente público dejaría de distorsionar el mercado de la televisión y de otros sectores, tendría vocación de permanencia y evitaría las más que probables tensiones que en el futuro se prevén si la propuesta del Gobierno sigue adelante.
Por otra parte se evitarían las subvenciones cruzadas entre sectores y, en consecuencia, no se perjudicaría el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, que como es sabido no se encuentra en la mejor de las situaciones para soportar esta carga impositiva.
Desarrollo de la banda ancha
Para ADECES es urgente potenciar el desarrollo de la banda ancha, como motor de la Sociedad de la Información, del desarrollo económico, de las oportunidades de los ciudadanos, y de la innovación.
Este impulso pasa por establecer un marco regulador estable que proteja la inversión y permita, por tanto, el desarrollo de servicios y la difusión de contenidos con garantías para todas las partes.
En este sentido, ADECES considera necesario acometer un análisis sin prejuicios de determinados aspectos que están generando colisión con derechos reconocidos e intereses legítimos de quienes de una u otra manera deciden arriesgar inversiones en la elaboración de contenidos.
Por eso la asociación entiende que la propiedad intelectual y los derechos de autor –de quienes quieren ampararse en ellos- deben continuar siendo protegidos desde cualquier ámbito o en cualquier medio de difusión.
Del mismo modo, deben protegerse el interés legítimo de quienes invirtiendo en un proyecto arriesgan su inversión.
Por tanto ADECES entiende que la copia privada, realizada desde la exposición de la misma en un escaparate público (por quien no tiene derecho a difundirla), aunque quienes lo haga no busque un beneficio directo, crea o puede crear una lesión en los intereses legítimos de sus propietarios.
Es por ello preciso que con carácter trasnacional se busquen acuerdos que armonicen las legislaciones nacionales.
Sin embargo, con carácter previo, es preciso que los diversos actores nacionales puedan alcanzar acuerdos básicos, cuyas principales coordenadas podrían venir definidos por:
· El acceso a la obra protegida debe ser pagado por quien lo realiza.
· No debe imponerse canon sobre la actividad de los operadores de telecomunicaciones para resarcir un derecho, sólo supuestamente lesionado.
· El corte de la conexión de banda ancha no debiera ser un modo de protección de los derechos lesionados.
· El cierre de proveedores que ofrecen contenidos protegidos no debiera de ser cuestionado por ningún agente.
Los actores del pacto de Estado e intersectorial
Ninguna de las cuestiones planteadas es ajena a los grupos parlamentarios, que deberán enfrentarse a ellas más tarde o más temprano. Tampoco deberían ser ajenas a las diferentes organizaciones económicas y sociales que defienden sus intereses legítimos.
Según ADECES, las fuerzas políticas parlamentarias deberían ser capaces de acordar un escenario de financiación para el ente público y para el desarrollo de la Sociedad de la Información.
Para fraguar este acuerdo es preciso contar con el consenso social más amplio posible en el que participase activamente la industria, los operadores, sociedades de autor y también representantes de los usuarios, especialmente de la comunidad internauta.
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