Aprobados topes a las tarifas de Internet móvil en el extranjero desde julio de 2012


La comisión de Industria de la Eurocámara ha aprobado por 55 votos a favor y 5 en contra una norma de la UE que fija topes a las tarifas que pueden cobrar las compañías telefónicas por el uso de Internet móvil en el extranjero, como ya ocurre en el caso de las llamadas de móvil y de los mensajes de texto en itinerancia (‘roaming’).

El Parlamento respalda así la propuesta de la Comisión, que decidió dar este paso tras constatar que, pese a sus múltiples advertencias, los operadores no han repercutido a sus clientes las bajadas de los precios mayoristas. Y las tarifas por la transmisión inalámbrica de datos en el extranjero siguen siendo mucho más altas que a nivel nacional.

En todo caso, la Eurocámara ha fijado topes más bajos de los previstos por Bruselas. El precio máximo autorizado será de 50 céntimos por mega a partir del 1 de julio de 2012 (en lugar de 90 céntimos), que se reducirá a 30 céntimos en julio de 2013 (en lugar de 70 céntimos) y a 20 céntimos en julio de 2014 (en lugar de 50 céntimos).

En estos momentos no hay un precio máximo regulado para el uso de Internet móvil en el extranjero.

Pero además de imponer nuevos límites de precios, la norma obliga a las compañías telefónicas a vender servicios al por mayor de ‘roaming’, tanto los de datos como los de voz o los SMS, a los operadores virtuales, para que éstos a su vez puedan ofrecerlos a sus clientes.

Finalmente, los usuarios de móviles tendrán derecho a comprar, desde el 1 de marzo de 2014, servicios de itinerancia de forma separada a un operador distinto al que tienen contratado, sin tener que cambiar de número, con el objetivo de que puedan acceder a contratos más baratos. El objetivo de ambas medidas es introducir más competencia en el mercado con la esperanza de forzar así nuevas bajadas de precio.

La Eurocámara ha aprobado también prorrogar otros tres años los topes ya vigentes para las tarifas minoristas de llamadas y mensajes de texto en el extranjero, que en principio expiraban el 30 de junio de 2012. Los eurodiputados deben negociar ahora con los Gobiernos de los 27 para lograr un compromiso final sobre la norma.

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