«Los consumidores en España se están perdiendo los beneficios de las nuevas normas de telecomunicaciones», lamentó la vicepresidenta de la CE y responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes.
Destacó además que, si hay preocupación por el «bienestar de los consumidores, es necesario aplicar estas leyes», y añadió que significan una «fuente de crecimiento que no implica gastos».
La comisaria hizo en un comunicado esta advertencia, a la vez que anunció el cierre de expedientes contra Austria, Lituania y Eslovaquia, países a los que también había abierto un procedimiento de infracción por su retraso en aplicar las nuevas leyes.
El pasado 24 de noviembre, la CE envió a España y a otros quince Estados miembros un dictamen motivado, que es el último paso en un procedimiento de infracción antes de denunciar a un país ante el Tribunal de Justicia de la UE, para que incorporasen plenamente a su legislación nacional las nuevas normas transcurridos seis meses desde la fecha límite para hacerlo.
Esa legislación concede a los consumidores de la UE nuevos derechos en lo relativo a la telefonía fija, los servicios de telefonía móvil y el acceso a internet.
Entre otros, las normas garantizan el derecho a cambiar de operador de telecomunicaciones en un solo día conservando el número de teléfono, o el derecho a la explicación sobre las prácticas de gestión del tráfico de datos de los proveedores de servicios de internet.
También prevén una mejor protección de la vida privada y de los datos personales en línea.
Los países que no apliquen íntegramente las nuevas normas jurídicas se arriesgan a recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE y a posibles sanciones financieras.
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