Gary McKinnon fue arrestado en 2002 después de que los fiscales estadounidenses le acusaran de acceder ilegalmente a los ordenadores del Gobierno, incluidos los sistemas del Pentágono, el Ejército de EEUU, la Marina y la NASA, causando 700.000 dólares en daños.
Un tribunal de distrito falló en mayo de 2006 que se le debería extraditar, una decisión apoyada por el Tribunal Supremo de Londres en abril de este año. Pero el lunes, tres de los principales jueces británicos dieron permiso a McKinnon para llevar su caso ante la Cámara de los Lores.
Los abogados de McKinnon sostienen que enviarle a Estados Unidos violaría sus derechos humanos, sería un abuso de los procesos legales ingleses y que debería prohibirse, ya que su extradición se buscaba «con el propósito de juzgarle a cuenta de su nacionalidad u opiniones políticas».
Se le acusa de provocar que la red completa del Distrito Militar del Ejército de Washington compuesta por más de 2.000 ordenadores, estuviera cerrada durante 24 horas.
De ser hallado culpable en Estados Unidos, McKinnon podría enfrentarse a hasta 70 años de prisión y a multas de hasta 1,75 millones de dólares (1,22 millones de euros).