En 2006, los españoles apostaron 413 millones de euros "online", un 65% más que en 2005, y las proyecciones para cuando finalice 2007 apuntan a casi 600, un 40% más. De este dinero, el Estado no recibe ni un céntimo.
La Asociación Española de Apostadores Deportivos por Internet (AEDAPI) es la entidad que defiende los intereses de las empresas que ofertan apuestas por Internet, todas situadas fuera de España, buena parte en "paraísos fiscales".
El alza de este sector preocupa a las empresas de juego tradicional, especialmente a las de tragaperras, que opinan que se trata de un negocio ilegal. Por ello, han denunciado la situación ante el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, Loterías y Apuestas del Estado, las comunidades autónomas y los Grupos Parlamentarios.
"El dinero destinado a juegos de los usuarios es limitado. Si se lo gastan en apuestas, no lo hacen en juegos legales", argumenta Miguel Ángel García Campos, secretario general de la Federación Española de Máquinas Recreativas (Femara). Sus denuncias todavía no han dado los frutos deseados. "Los ministerios nos envían de un organismo a otro, nos dicen que no son competentes, que lo son las comunidades autónomas". "Colocar una máquina en un bar supone a la comunidad autónoma 3.600 euros al año. En conjunto, las máquinas recreativas pagan casi mil millones de euros al año, y estos no pagan nada", añade García Campos, que espera que a la batalla se sume el propio Ministerio de Hacienda a través de la entidad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
Loterias atacan
Loterías ha elaborado un informe que ha remitido a la Dirección General de Aduanas para que estudie sanciones administrativas y, en su momento, lo pase a la Fiscalía para que inicie un procedimiento penal, por delito de contrabando. Pero el asunto es complicado porque se trata de empresas que no tienen su sede social en España.
Para Femara, la regulación idónea es la de Estados Unidos. "En Estados Unidos están prohibidas las apuestas por Internet. Creo que lo hacen prohibiendo a los bancos consentir cargos en cuentas para estas actividades".
En España, el instrumento legal es la Ley de Represión del Contrabando, que prohíbe la comercialización e importación de juegos no autorizados.
Sin embargo, la situación legal es algo más complicada. Muchas de las empresas son legales en otros países europeos y han emprendido acciones ante la Unión Europea cuando alguna administración nacional ha actuado en contra de ellas. Las empresas consideran que el Estado quiere proteger su propio mercado en régimen de monopolio algo contrario a las leyes europeas que facilitan el libre mercado entre empresas de la UE.
