Las reacciones a la publicación de la orden en el BOE no se hicieron esperar: Organizaciones de consumidores, sectoriales y de internautas aseguraron que la actualización del canon supondrá un incremento de los costes de los dispositivos electrónicos.
José Pérez, director general de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) apuntó que "a pesar de no estar de acuerdo con la orden ministerial ni con el canon digital, valoramos que a partir de ahora la industria al menos sabrá a qué atenerse". En términos similares se manifestó Jesús Banegas, presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (Aetic), quien señaló como cualidad positiva el hecho de que la orden "evite interpretaciones al aclarar que su aplicación no es retroactiva, lo que garantiza la seguridad jurídica de las empresas y, además, establece un techo recaudatorio". No obstante, Banegas añadió que se siente confiado en que la vigencia de la orden hasta finales de 2009 proporciones tiempo para estudiar una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que recoja nuevos métodos de remuneración a los autores evitantdo "mecanismos anacrónicos" como el del canon.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, señaló que esta decisión está "equivocada", ya que el Gobierno debería haber esperado a la conclusión del debate que se mantiene en la Unión Europea acerca del canon, cuyos únicos beneficiarios serán "las entidades de gestión de derechos". Domingo criticó además la no exclusión de este pago a empresas y administraciones públicas, una "petición" de la UE. Desde otra organización similar, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez, subrayó la "falta de criterios de proporcionalidad" a la hora de aplicar el canon en distintos productos, calculando que "el canon supondrá un gasto medio para cada familia de 250 euros anuales".
También las principales organizaciones de consumidores, entre otras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Federación de Consumidores en Acción (Facua), denunciaron el "mercantilismo" de la cultura y criticaron el nuevo canon por el encarecimiento de numerosos productos en un momento de recesión económica. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, manifestó que la política cultural en España está orientada por las entidades que gestionan los derechos de autor, y éstas, a su vez, "dominadas" por las multinacionales de la música y el cine.
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