Los diputados franceses han aprobado hoy la revisión de la ley destinada a perseguir la piratería en internet, después de que el Consejo Constitucional anulara en junio pasado la primera redacción por considerarla contraria a la Carta Magna.
Los diputados adoptaron la ley por 285 votos a favor, los de los conservadores de la UMP y los centristas del NC, y 225 en contra, procedentes de la oposición ecologista y de izquierda.
La ley deberá pasar un nuevo filtro con la adopción definitiva del texto elaborado por una comisión mixta de diputados y senadores, prevista para los próximos días.
El Partido Socialista anunció que volverá a recurrir el texto ante el Consejo Constitucional, que ya le dio la razón en la ley anterior.
El órgano encargado de determinar la constitucionalidad de las leyes revocó la aprobada inicialmente, puesto que permitía que fuera una comisión administrativa la que dictara las sanciones a los internautas que se descargaran archivos de forma ilegal.
Según el Constitucional, esa decisión corresponde exclusivamente a los tribunales.
EL JUEZ SANCIONARÁ
El nuevo texto respalda este principio y establece que sea un juez quien imponga las sanciones, lo que ha rebajado las expectativas de los impulsores del texto.
Si inicialmente esperaban proceder a unas 365.000 sanciones anuales, con la lentitud de los procesos judiciales aspiran a un máximo de 50.000.
Estos procesos serán similares a los que establece la ley para imponer multas a los automovilistas detectados por radares automáticos, que no precisan de una intervención de agentes.
La sanción será decidida por un único juez y sólo pasará ante un tribunal correccional, compuesto de tres magistrados, en caso de recurso de la misma.
Los parlamentarios han mantenido que el internauta reciba dos advertencias -una por correo electrónico y otra por correo certificado- antes de que se proceda a interrumpir el acceso a la red, al igual que la obligación de seguir pagando el abono mientras dure el corte.
La nueva ley mantiene la sanción gradual, que puede ir de una suspensión del acceso a internet de un mes a un año. El texto prevé que las sanciones sean también aplicables a las descargas ilegales desde teléfonos móviles con acceso a internet.
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