El 43% de los programas utilizados en España son piratas

A nivel mundial, España (43%) es duodécima en el ranquin de descargas ilegales y tiene un índice de piratería de 8 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Por el contrario, el Reino Unido, con un 26 por ciento es el país que menos descargas realiza.

Aunque España ya queda lejos de los porcentajes que presentaba en la década de los 90 (superiores al 50%), el índice de piratería se mantiene más o menos estable en torno al 45%. El año 2004 marcó un hito importante con una caída al 43%, sin embargo la irrupción de la banda ancha y las descargas online dispararon al 46% ese porcentaje durante los años 2005 y 2006. En el 2007, según el último informe de la BSA, cayó al mismo nivel que en el del 2003 lo que representa un dato esperanzador para la industria del software.

tabla pirateria españa europa - bsa

  2003 2004 2005 2006 2007
España 44% 43% 46% 46% 43%
Europa 36% 34% 35% 34% 33%

Andalucía y Extremadura a la cabeza en porcentaje

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor índice de piratería en España, seguida de Extremadura (57%) y la Comunidad Valenciana (55%). Catalunya se sitúa en la octava posición mientras que las tres comunidades con menor porcentaje son Murcia (38%), Madrid (34%) y Navarra (29%).

Rankig 2007 Comunidades Autónomas Ratio Pirateria Valor perdidas 2007
1 Andalucía 60% 104
2 Extremadura 57% 14
3 Comunidad Valenciana 55% 64
4 Castilla La Mancha 55% 16
5 Aragón 48% 18
6 Castilla y León 47% 26
7 Galicia 43% 28
8 Cataluña 42% 136
9 La Rioja 42% 2
10 Asturias 41% 7
11 Cantabria 40% 5
12 Baleares 40% 10
13 País Vasco 38% 38
14 Canarias 38% 12
15 Murcia 38%/td> 8
16 Madrid 34% 159
17 Navarra 29% 12

Madrid y Cataluña a la cabeza en pérdidas

Por el contrario si analizamos las pérdidas que está representando a la industria del software la piratería serían Madrid y Barcelona las que encabezarían la clasificación.

Las pérdidas ocasionadas por el uso del software ilegal en Catalunya ascendieron a 136 millones de euros en 2007. "El mercado catalán de 'software es el segundo mayor de España, y alcanzó un volumen de 185 millones de euros. De no haber sido por la amplia base de software ilegal, hubiera superado los 320 millones de euros", afirmó Alfonso Sort, vicepresidente del Comité Español de BSA.

Además, Sort lamentó que "Catalunya esté situada con un índice tan elevado", ya que la economía catalana es una de las "más modernas" y se tienen que adoptar medidas para promocionar el "respeto" hacia el software legal.

El informe de la BSA nos muestra, además, algunas paradojas: la alta tasa de piratería de la Comunidad valenciana hace que el mercado legal sea menor, por ejemplo, que el del País Vasco.

Rankig 2007 Comunidades Autónomas Ratio Pirateria Valor perdidas 2007
16 Madrid 34% 159
8 Cataluña 42% 136
1 Andalucia 60% 104
3 Comunidad Valenciana 55% 64
13 País Vasco 38% 38
7 Galicia 43% 28
6 Castilla y León 47% 26
5 Aragón 48% 18
4 Castilla La Mancha 55% 16
2 Extremadura 57% 14
14 Canarias 38% 12
17 Navarra 29% 12
12 Baleares 40% 10
15 Murcia 38% 8
10 Asturias 41% 7
11 Cantabria 40% 5
9 La Rioja 42% 2

Las causas de la piratería

Para la BSA tres serían las principales causas que están fomentando la piratería en nuestro país.

En primer lugar el incremento de usuarios de PCs que adquieren sus equipos sin software legal instalado. En este caso, los compradores se dejan aconsejar que la no inclusión del software les represente un ahorro para sus bolsillos. La BSA ya hace tiempo que lleva una lucha implacable para poner fin a la práctica de instalar ilegalmente software en equipos nuevos que practican vendedores de equipos informáticos.

La segunda causa sería la banda ancha al alcance de la mayoría de los usuarios españoles. En este caso, los usuarios pueden descargar de redes ilegales miles de programas sin abonar el coste de la licencia. Hace ya tiempo que la BSA está detectando que la piratería se ha traslado de "la calle" a Internet.

Y por último, pero no menos importante, la entrega de equipos informáticos con sistemas operativos y aplicaciones gratuitas como Linux o FreeDOS. La BSA tiene la intuición (constatada por estudios que se han realizado en otros países en los que se han ejecutado planes de difusión tecnológica similares) que estos equipos acaban llenándose de software ilegal reemplazando los usuarios el sistema que lleva incorporado.

Medidas

Para los fabricantes de software reducir el uso de programa piratas en España supone en primer lugar mentalizar a los consumidores que este tiene un coste de desarrollo y que por lo tanto la instalación de herramientas ilegales supone una traba importante a la innovación y la pérdida de miles de empleos.

Así constatan que es difícil que una empresa de software apueste por un mercado o segmento cuando las tasas de piratería son elevadas. Esta situación provoca no solo la pérdida de inversión de la compañía informática en ese mercado sino también de todo el negocio que genera a su alrededor el fabricante: Servicios de Apoyo al usuario, desarrolladores de aplicaciones sectoriales, consultoras, formación, etc.

El consumidor debe ser consciente, explico Alfonso Sort (director General de Adobe y vicepresidente de la BSA en España), que el principal perjudicado será al perder toda esa red de servicios que tejen las compañías de software a su alrededor.

También lo es a nivel mucho más general el propio país. No solamente se reducen los ingresos que percibe el Estado por los impuestos no recaudados sino también por la ausencia de una industria del software potente que sitúe el país a la cabeza del desarrollo tecnológico.

No es lo mismo

Finalmente, los representantes de la BSA quisieron marcar distancias con las otras iniciativas que vienen desarrollando asociaciones como la SGAE en España o la IFPI o MPAA a nivel mundial.

Sort dijo no estar de acuerdo en que el famoso canon sea el mejor remedio para solucionar los problemas generados por la piratería de obras protegidas por derechos de autor o intelectuales.

No obstante reiteró que en su opinión, todo aquel sitio que distribuya obras protegidas (sean audiovisuales o software) debería ser cerrado sin ningún tipo de contemplaciones por el daño económico que representa y por supuesto por vulnerar las leyes que protegen los derechos de propiedad intelectual.

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