Entregan un millón de firmas contra el canon digital


canonMientras se acerca el momento de que los ministerios de Cultura e Industria cuantifiquen el canon digital para dispositivos electrónicos que pueden reproducir o copiar, la plataforma ‘Todos contra el canon’ ha entregado más de un millón de firmas contra la imposición.

Esta plataforma está formada por 26 organizaciones entre las que se encuentran patronales del sector de electrónica y telecomunicaciones como AETIC, ASTEL, ASIMILEC o AEDOCDigital; asociaciones profesionales como RITSI, ALI o AETI; representantes de consumidores como FACUA y CACCU o en Internet, AUI o Asociación de Internautas (AI), asociaciones de ‘software’ libre como Hispalinux o la publicación de Comisiones Obreras CONFIA.

Víctor Domingo, presidente de la AI, y Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), acompañados de otros miembros de ‘Todos contra el canon’, han acudido al Ministerio de Industria para hacer entrega al ministro Joan clos de las 1.069.000 firmas (en un CD) que han recogido a través de su iniciativa ‘El canon te afecta. Tu firma cuenta’.

La entrega de estas firmas se produce cuando está a punto de concluir el plazo para que los ministerios de Industria y Cultura publiquen la normativa que determine qué productos van a ser gravados y cuánto, aunque podría retrasarse debido a la diferencia entre los criterios.

La plataforma considera que el canon es «pan para unos pocos y hambre para todos en pocos años tal como ha sucedido con el mercado de los CD y DVD» que «antes generaban impuestos y negocio y hoy sólo generan mercado negro y venta ilegal». Por su parte, Víctor Domingo ha dicho que en el caso de que estas firmas no hicieran ningún efecto sobre la decisión del Gobierno, la organización «no cesará en la lucha de los intereses de los usuarios, internautas, consumidores y ciudadanos».

La plataforma quiere participar en la fijación de las cuantías y soportes sujetos a canon; que se limite la cuantía máxima del mismo en función del precio del producto; que se informe al consumidor lo que supone el canon en el precio del dispositivo que adquiere y que se prohíba más de una imposición del canon al intervenir varios dispositivos para hacer una sola copia.

LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

La ley prevé que industria y sociedades de autores sean las que decidan cada dos años qué dispositivos soportan el canon digital y su cuantía en cada caso. No obstante, la imposibilidad de llegar a un acuerdo por partir de posiciones totalmente diferentes ha hecho que los ministerios de Cultura e Industria sean los responsables de la decisión, para lo que tienen un plazo hasta el 27 de este mes, informa EFE.

Las industrias de electrónica reclaman que ese canon no supere el 5% del precio de sus productos para no distorsionar el mercado, mientras las sociedades de gestión de derechos de autor argumentan que el daño que se hace a los creadores va en aumento por lo que las tarifas de este impuesto no deben tender a la baja.

¿COMPENSACIÓN POR COPIA PRIVADA, O POR ‘PIRATERÍA’?

Aunque la Ley de la Propiedad Intelectual deja muy claro que los consumidores tienen derecho a la copia privada de las obras adquiridas, y ésta es la razón del canon (es una compensación por copia privada), la confusión se ha apoderado del debate. Ahora son los autores los que dejan entrever que el canon es necesario por las ‘copias ilegales’.

«El objetivo político del canon en la Unión Europea es que todas las copias no retribuídas que hace el público tengan una mínima compensación para los autores. Si el objetivo del canon fueran sólo las copias legales (las llamadas copias privadas) no lo necesitaríamos ya que ésas son las menos», declaró el director de Relaciones Corporativas de la Sociedad de Gestión de Autores y Editores (SGAE), Pedro Farré.

En su opinión, «la ley quiere que el sector tecnológico invierta una pequeñísima parte de sus enormes beneficios en el sector cultural. De otro modo, un sector crecería injustamente a costa del otro, lo que es absolutamente insostenible tanto desde una perspectiva social como económica».

La visión de los autores choca con las de las industrias tecnológicas que asumen el canon digital como lo que establece la LPI: «Una compensación equitativa que ha de percibir el autor y que recaudan las entidades de gestión, pero que, en ningún caso, busca perseguir ni reparar el delito de la ‘piratería»», apuntan los fabricantes representados por Asimelec.