La Unión Europea está estudiando las acusaciones de comportamiento anticompetitivo en los servicios de búsqueda en Internet, en medio de las preocupaciones de que los actores dominantes puedan estar abusando de su posición, dijo el miércoles el comisario de la competencia del bloque, Joaquín Almunia.
El español no dio el nombre de ninguna compañía. Almunia hizo sus primeras declaraciones desde que tres firmas online se quejaron en febrero ante la Comisión Europea de las prácticas del buscador número uno del mundo, Google.
«Mis servicios están actualmente analizando algunas acusaciones de conducta anticompetitiva en relación con las búsquedas,» dijo Almunia en una conferencia organizada por el Instituto para el Derecho a la Competencia y la Economía UCL Jevons.
«El trabajo está en las primeras fases, pero dada la importancia de las búsquedas para un mercado online competitivo, estoy estudiando las acusaciones muy atentamente», dijo.
Denuncias
El sitio británico de comparaciones de precios Foundem y el motor de búsquedas legal francés ejustice.fr dennciaron el pasado mes de febrero que el algoritmo utilizado por Google degradaba sus sitios en las búsquedas web porque eran rivales de la compañía estadounidense.
También el servicio propiedad de Microsoft Ciao, de Bing, se había quejado sobre los términos y condiciones estándar de Google.
Propietarios de sitios Web también vienen denunciando en privado (el poder del buscador es tan enorme que reconocen tener miedo a sentirse perjudicados con sus críticas) el secretismo de Google a la hora de presentar los resultados en las búsquedas los usuarios perjudicando a aquellos que actúan de buena fe y beneficiando a los tramposos.
En todos los casos, la posición del buscador siempre ha sido negar las acusaciones afirmando que su algoritmo es neutral y no está pensado para perjudicar a competidores.
«Si las compañías se establecen en una posición fuerte en un mercado, podría haber riesgos de que usen su posición para excluir otros mercados«, dijo Almunia.
La Comisión Europea puede multar a las firmas con hasta un 10 por ciento de su facturación global por romper las normas de competencia de la Unión Europea.
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