En España se necesitan mejorar muchas leyes para proteger mejor a los consumidores, como prohibir cambiar las condiciones de un contrato bajo ningún concepto y quizás una ley que obligue a las operadoras a remitir por email cualquier contrato firmado personalmente o grabado por teléfono para mayor protección de los ciudadanos.
Sin embargo no es lo único que debería regularse sino también prohibir que un operador remita un SMS indicando un cambio en el contrato y que en caso de no contestar que se entienda aceptadas las condiciones: Cualquier cambio de condiciones debería firmarse o grabarse por teléfono o por otro medio y remitir obligatoriamente eso a los clientes.
Exactamente esto es lo que ha forzado a FACUA a denunciar a MOVISTAR, que si bien aviso a los usuarios que podían acceder a su posición para ofrecerle ofertas especiales, considero que si no se decía lo contrario suponía una aceptación: "Solicitamos consentimiento para tratar los datos de tráfico de internet y ubicación de las comunicaciones de su dispositivo móvil, con la finalidad de optimizar y mejorar la cobertura de sus servicios móviles, garantizar la seguridad de redes, sistemas y equipos mediante la prevención y defensa ante incidentes de ciberseguridad y comunicarles ofertas personalizadas sobre productos de Movistar".
Según indicaba la comunicación se entendía así el consentimiento si en menos de 30 días no se indicaba lo contrario y eso debía hacerse llamando al número gratuito 224407 desde cualquier móvil MOVISTAR en el que tampoco se remitía un justificante de no haber dado el consentimiento aunque ¿puede que la propia grabación podía servir de prueba ante un juez?
Según FACUA la cosa podría ser más grave ya que entiende que los datos de geolocalización que se derivan el uso de los dispositivos móviles pueden revelar referencias íntimas y personales de especial protección en el artículo 7 de la citada ley Orgánica 15/1999 (13 Diciembre). Ojalá los reguladores escuchen bien las sugerencias en defensa de los consumidores y no defiendan tanto a los grandes operadores que abusan a menudo de una falta de regulación suficiente.
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