La batalla del canon fue una hábil cortina de humo que evito que se hablará de uno de los apartados más polémicos de esta nueva ley de internet.
Así, el texto mantiene la posibilidad de que Administraciones Públicas y entidades privadas puedan retirar contenidos de Internet o cerrar páginas web, sin necesidad de intervención judicial, siempre que no se vulnere la libertad de expresión, aunque no se especifica quién decide esto, si un juez u otra persona.
Desde la oficina del Defensor del Internauta señalan que esta medida "vulnera de plano derechos fundamentales como la libertad de expresión, información, opinión, y otros, como la libertad de empresa, limitando sus garantías constitucionales".
Por otro lado, la nueva ley permite que los contenidos digitales de titularidad pública sean puestos a disposición de los ciudadanos sin ningún tipo de restricción para su uso, copia o distribución, pero siempre citando la autoría.
También reconoce la cesión libre de contenidos por parte de personas físicas o jurídicas. Así, los dueños de una obra podrán ceder libremente los derechos de explotación de la misma.
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