El impago de la tasa de financiación de televisión española impuesta a los operadores de telecomunicaciones podría suponer para los infractores la "suspensión de la actividad" y la suspensión "del título administrativo" correspondiente, según pone de manifiesto el borrador del anteproyecto remitido hoy a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).
Según dicho documento, al que tuvo acceso Europa Press, las aportaciones del Estado a los presupuestos de RTVE aumentarán este año hasta un máximo de 165 millones de euros, compensando el efecto de la supresión de la publicidad en el ente público.
El canon, que supondría a las operadoras el pago de un 0,9% de sus ingresos medios anuales, ha provocado el rechazó unánime de las compañías del sector y del propio presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, quien antes de que se aprobara la medida por el Consejo de Ministros mostró su desacuerdo, indicando que la iniciativa era "poco coherente".
Posteriormente, el presidente del supervisor del mercado de las telecomunicaciones se negó a opinar sobre la polémica tasa recientemente aprobada, argumentando que, en el momento en el que la CMT recibía una petición para elaborar un informe preceptivo, él como responsable del órgano no "tenía opinión".
El último en posicionarse ha sido el presidente de Telefónica en España, Guillermo Ansaldo, quien ayer indicó que el canon no "les gustaba nada" pero que de momento era muy pronto para decidir si emprendían medidas legales y que estas se estudiarían en caso de que el anteproyecto finalmente se aprobara.
Por su parte, el presidente de la patronal Aetic, Jesús Banegas, amenazó con que las operadoras podrían trasladar esta nueva carga, al margen de su actividad, a los precios de móvil e Internet de los clientes finales, medida que descartó el presidente de Vodafone, Francisco Román, quien en la presentación de resultados del grupo recalcó que sus tarifas las marcaba las "necesidades" de los clientes en "entornos competitivos".
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