Los anunciantes en páginas de enlaces podrán ser multados hasta con 300.000 euros


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La Asociación Española de la Economía Digital (adigital) considera que el Gobierno quiere convertir a los anunciantes en policías de la propiedad intelectual

 

El nuevo anteproyecto de ley para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Consejo de Ministros en su sesión de este viernes prevé endurecer las medidas en contra de las páginas de enlaces al considerar que estas vulneran la ley utilizando distintas estratagemas a fin de evitar  las actuaciones de la Comisión de la Propiedad Intelectual para conocer quienes son los propietarios de estos sitios.

Así este anteproyecto pretende obligar a las compañías de telecomunicaciones, pasarelas de pago y empresas de publicidad a identificar, bajo una orden judicial,  a los posibles infractores de la LPI que usen sus servicios. Asimismo, el anteproyecto también contempla multas de entre 150.000 y 300.000 euros para las empresas de publicidad que no retiren los anuncios de aquella páginas que sean consideradas como ilegales y que por estar alojadas fuera de nuestro país no tienen ninguna obligación a responder a cualquier petición de la Comisión del Ministerio de Cultura aún a pesar de que se tengan sospechas fundadas de que se están operando desde España.

Cortar la financiación de los portales

El Director General de adigital, José Luis Zimmerman explica que “Lo que que se persigue es cortar la financiación de las páginas de enlace ilegales a contenidos y se pretende que las agencias de publicidad “corten” la publicidad a estas webs. Y si no lo hacen se aplican multas, por reincidencia o no colaborar. El texto pone ‘agencias de publicidad’, pero es un termino erróneo porque intervienen varios agentes como en publicidad digital, porque en un banner colocado en una de estas webs, pueden intervenir una agencia de medios, un ad server, un anunciante y esto hay que tenerlo en cuenta. Se trata de que se retire la publicidad de esos sites. Así el regulador lo que hace es obligar, incluso a los medios de pago, que retiren el servicio y si no podrán ser multados. Es un poco delicado porque en el funcionamiento en publicidad digital hay un componente de automatización muy importante. Muchas de las piezas se cuelgan en ad servers y automáticamente se sirven a varias páginas y pueden acabar en páginas de estas. Y en muchos casos ni el anunciante ni la agencia tienen el control sobre esto”.

Al tomar estas medidas, el Gobierno se asegura por una parte identificar a los propietarios de los portales que son los que reciben los ingresos publicitarios generados a través de sus páginas y además evitar que estos portales sigan recibiendo publicidad por una actividad que en opinión de la Administración es ilegal.