El colectivo cree que repite el "secreto administrativo del franquismo"
La Asociación de Internautas, blogueros, juristas y organizaciones de usuarios se reunieron ayer para analizar y dar respuesta al nuevo plan antipiratería del Gobierno, que prevé el cierre o bloqueo de páginas de descargas ilegales y que, en su opinión, "nos acerca hacia el secreto administrativo de la época franquista".
El Consejo de Ministros aprobó anteayer remitir a los órganos consultivos - Poder Judicial y Consejo de Estado-el anteproyecto de ley que prevé la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, que podrá remitir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional las denuncias recibidas contra páginas de descargas ilegales. Estas páginas podrán ser bloqueadas o cerradas por orden de un juez una vez oídas las partes implicadas.
"Partimos de las declaraciones que hizo tras el Consejo de Ministros el ministro de Justicia, porque todavía no tenemos el texto legal, y según estas afirmaciones las medidas legales que preparan suponen un retroceso en los derechos y libertades que se habían conseguido", afirma Javier Maestre, abogado experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías y uno de los portavoces de la Asociación de Internautas.
Maestre avanzó que durante esta semana se elaborará un comunicado conjunto de todos estos colectivos, una vez conozcan el texto definitivo, pero se basó en las palabras pronunciadas por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para manifestar que se trata de un paquete de medidas «que va a afectar a la configuración de los derechos y libertades fundamentales en el ámbito de Internet y de la libertad de expresión».
Consideró Maestre que lo que se ha dicho desde los poderes públicos hasta el día de hoy «es absolutamente aberrante» y supone una regresión a la época franquista, «al autorizar a un órgano administrativo el cierre de publicaciones; eso sí, con la concesión del visto bueno de un órgano judicial de la jurisdicción contencioso-administrativa».
Tampoco comparte la comunidad internauta que la decisión cautelar de cerrar o bloquear una página web recaiga en un juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. A su juicio, «el esquema de competencias judiciales en España está bien definido y deberían ser los jueces de lo mercantil o bien los jueces de instrucción del ámbito penal los que conozcan de los conflictos que haya en materia de propiedad intelectual».
Independencia de la comisión
Por su parte, Ángeles González-Sinde garantizó la 'independencia' de los miembros que integrarán la Comisión de Propiedad Intelectual, a pesar de que este órgano dependerá de su departamento y será el encargado, en primera instancia, de intervenir por la vía administrativa contra las páginas web de descargas no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor, como películas, canciones o videojuegos.
La ministra de Cultura aseveró que los integrantes de la mencionada comisión serán «una representación de la pluralidad de intereses implicados». Así, acogerá a expertos en jurisprudencia, especialistas en internet y representantes de la cultura y del Ministerio de Industria, «de manera que los análisis sean equilibrados».
Justificó la necesidad de que exista la comisión, máxime cuando «puede hacer un trabajo con mucha más rapidez que el juez, al que le tomaría mucho más tiempo ir pidiendo la información para comprobar la veracidad de las circunstancias que se denuncian. Por eso es quien propone al juez si debe adoptar medidas para bloquear o cerrar un sitio web como medida cautelar. González-Sinde evidenció las importantes modificaciones que se han introducido respecto a la propuesta anterior. La autorización, en última instancia, del juez de la Audiencia Nacional, que deberá decidir en cuatro días si cierra un sitio web tras escuchar a las partes.
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