El Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer un informe en el que asegura que la ‘criminalización’ de los consumidores que actúan sin ánimo de lucro ‘no es una buena solución para luchar contra la piratería’.
El texto aprobado por el Pleno de la Eurocámara pide en este sentido a la Comisión Europea que se replantee la cuestión de la propiedad intelectual desde el punto de vista cultural y económico.
Los eurodiputados instaron a buscar soluciones equilibradas entre las ‘posibilidades de acceso a las actividades y contenidos culturales’ y la defensa de ‘la propiedad intelectual que garantice una remuneración equitativa y real para todos los titulares de derechos, una verdadera libertad de elección para los consumidores, y la diversidad cultural’.
El texto pide que se reconozca que, con Internet, ‘han cambiado de forma radical los modos clásicos de utilización de los productos y servicios culturales’ y considera ‘esencial’ velar por un acceso ‘sin obstáculos a los contenidos culturales en línea (…), por encima de una lógica puramente económica y comercial’.
Por ello, señala que es ‘vital’ una reforma de los derechos sobre la propiedad intelectual para promover la creatividad y alentar el desarrollo de obras culturales.
En cualquier caso, los eurodiputados recuerdan que debe garantizarse una ‘remuneración justa’ para los titulares de derechos y admiten que los ingresos derivados de ellos son ‘indispensables para la supervivencia de las industrias culturales’.
Entre las fórmulas para combatir la piratería, el PE destaca la importancia de concienciar a los jóvenes sobre el respeto de los derechos de autor.
Varapalo a la propuesta Nicolas Sarkozy de cortar acceso a los usuarios de redes P2P.
En la línea del informe, el parlamento aprobó una enmienda en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno francés para frenar la «piratería».
En concreto rechazaron la posibilidad de que los ISPs se vean en la obligación de bloquear el acceso a los usuarios que intercambien ficheros protegidos a través de Internet. Los eurodiputados consideraron que la privación de conexión «es contraria a los derechos humanos y a los derechos de los que dispone cada ciudadano.
Un modelo liberticida
El socialista Frances Guy Bono, ponente de la enmienda, explico que «bloquear el acceso es una medida desproporcionada… podría, además, tener graves repercusiones en una sociedad donde el acceso a Internet es un derecho imperativo para la inclusión social».
Los diputados suecos, fueron unos de los grandes defensores de la enmienda al considerar la medida francesa como «liberticida».
Aunque el informe y las enmiendas incorporadas no son vinculantes (es decir los gobiernos no tienen ninguna obligación para incorporarlas a sus leyes) muestra el rechazo de la eurocámara hacía aquellas medidas que pretenden criminalizar a los usuarios y recortar sus derechos en defensa de la creación y los derechos de autor.
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