El dictamen, no vinculante, de la Abogada General del TUE en el que considera ilegal el sistema de aplicación del canon digital en España ha provocado que organizaciones de consumidores y profesionales pidan la retirada de esta tasa que castiga el bolsillo de los compradores de soportes y dispositivos digitales. No todos, sin embargo, están de acuerdo.
La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Verica Trstenjak, dictaminó este martes que el canon digital que se aplica en España es ilegal porque se impone indiscriminadamente a todos los equipos y materiales de reproducción y no únicamente a los que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas.
"Un sistema nacional que prevé la aplicación de un canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital de forma indiscriminada (como ocurre en España) no es compatible" con la normativa comunitaria, afirma el dictamen.
La abogada general precisa que, para ajustarse a la normativa comunitaria, este tipo de tasa -recaudada a favor de autores, artistas y productores- sólo debe aplicarse a los equipos y materiales de reproducción digital que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas. Y en ningún caso puede cobrarse indiscriminadamente a empresas y profesionales que claramente adquieran los aparatos y soportes materiales para otras finalidades ajenas a la copia privada.
Retirada del Canon
La Asociación Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (Aetic) se mostró satisfecha con el dictamen insistiendo que otorga la razón a todos aquellos que durante largo tiempo han manifestado su oposición a la manera en que se aplica esta tasa.
"Esperamos que este dictamen se materialice con la eliminación del canon", afirmo el presidente de esta asociación Jesús Banegas.
Por su parte, el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, consideró que el Gobierno español "debería tomar nota" del dictamen de la abogada del Tribunal de Justicia.
"Hasta ahora, el Gobierno sólo ha defendido los intereses de las multinacionales y de las sociedades de derechos de autor. Después de este dictamen, debería tomar nota y empezar a preocuparse por los ciudadanos", concluyó.
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