La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, defendió este martes en su comparecencia en la Comisión de Cultura del Congreso la introducción de la Disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES), una "prioridad" para su Departamento, que permitirá a una comisión creada a tal efecto el cierre de páginas webs que vulneren los derechos de propiedad intelectual. "Hemos visto lo que se está haciendo en otros países y nuestra propuesta de ir a la oferta y no a la demanda es la más garantista",alegó.
La ministra abogó por una "oferta legal de contenidos" y recordó que, antes de que finalice la presidencia rotatoria de España de la UE, un "comité de sabios" comunitario se encargará de "elaborar un informe sobre las mejores estrategias para afrontar la digitalización del patrimonio cultural europeo y las vías para facilitar el acceso digital de los ciudadanos europeos a la cultura, manteniendo la legítima protección de los derechos de los creadores y empresarios de la cultura".
UNA SOLA VISIÓN EUROPEA
González-Sinde se mostró partidaria también de "una sola visión europea sobre cuestiones que parecen distantes" y citó así la "digitalización del patrimonio cultural europeo, una oferta legal de contenidos, la digitalización de las salas de cine (un "reto ineludible para la industria audiovisual de Europa que afecta a las pequeñas salas independiente y requiere grandes inversiones" y que se verá en el Consejo de Ministros europeos del 10 de mayo); y, finalmente el "respeto a la propiedad intelectual".
La ministra recordó en su intervención que se les ha acusado de "querer cortar la conexión a internet en las casas o de estar en contra del copyleft". "Sólo trabajamos contra la injusticia", dijo incidiendo en que "un puñado de sitios webs pone en peligro la sostenibilidad de muchos empleos y dañan nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestra economía". Por ello manifestó que "tiene sentido" actualizar el ordenamiento jurídico español.
UN MODELO RESPETUOSO
En este sentido, respecto a la Ley de Propiedad Intelectual, González-Sinde señaló que el Gobierno está configurando un modelo "que busca garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual sin ningún un componente penal ni consecuencias en el ámbito civil y al mismo tiempo fomentar la libertad de expresión en la red. La figura del juez será central, no se bloqueará el acceso a ningún contenido sin la autorización de un juez", dijo.
"Hemos atendido todos los intereses en juego y hemos incorporado muchas de las sugerencias hechas en estos meses de debate, incluidas las propuestas del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial", recordó
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