La campaña de la operadora española está en línea con los recientes posicionamientos de otras compañías europeas, como la irlandesa EIRCOM, contrarias al uso de la red para descargar ficheros protegidos por derechos de autor.
Telefónica se ha posicionado en contra de las descargas ilegales a través de una campaña publicitaria en la que advierte que "bajando contenidos ilegales contribuyes a la piratería". El anuncio circula ya por la Red y en breve lo hará por televisión.
La operadora se ha mostrado en contra de descargas de "contenidos ilegales" y quiere que se use "bien la tecnología", que contrasta con su campañas en Chile y Brasil en las que ofrece su conexión como la mejor manera de acceder a los intercambios de P2P.
Telefónica quiere con su anuncio respetar la Propiedad Intectual y considera que intercambiando ficheros a través de programas P2P ''no se respentan las leyes que rigen los derechos de Propiedad Intelectual''.
Otros motivos
Aunque en España aún no existe una posición legal clara sobre las descargas de ficheros a través de las redes P2P, las sociedades de gestión de derechos están presionando a la administración para que este determine un criterio que les permita actuar.
Las sociedades de autor han amenazado ya en repetidas ocasiones a las operadoras en demandarlas, como ha sucedido en Australia e Irlanda y otros países, en contra de las operadoras si siguen facilitando la descarga de archivos entre sus usuarios. La falta de esa posición legal clara es la que por el momento ha impedido que esas amenazas pasaran a hechos.
Por otra parte a las operadoras tampoco les representa ningún negocio el uso abusivo de las redes P2P. La descarga continuada por parte de los usuarios les supone un alto coste económico ya que reduce el ancho de banda disponible para los otros clientes de la red.
Incluso algunas de las medidas que vienen utilizando para reducir el consumo de ancho de banda como el cacheo de contenidos o servidores especializados es en este caso dificultoso y más si se trata de almacenar en servidores propios contenidos protegidos por derechos de autor lo que daría la razón a las entidades de gestión además de suponer una falta o un delito.
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