El reciente acuerdo de la Unión Europeo que facilita el bloqueo del acceso a Internet va mucho más lejos que la simple descarga de ficheros P2P.
Poco a poco, los países están poniendo cerco a la libertad que se vive en Internet. De derechas o de izquierdas, liberales o verdes, poner fin a la privacidad y libertad en Internet parece ser un objetivo que se han fijado.
Los medios han destacado solamente una parte del acuerdo alcanzado por la Unión Europea para bloquear el acceso a Internet, la descarga de ficheros P2P, obviando la parte más significativa: para determinar que esa descarga se produce "alguien" puede estar investigando cual es tu conducto en la red.
ACTA
El acuerdo legaliza esa supervisión y control sobre la actividad del usuario. Ya que para bloquear el acceso se deberá demostrar que este esta utilizando Internet con fines ilícitos.
Hasta la fecha este control la venían haciendo organismos privados independientes pero la intención es descargar ese control sobre el operador de servicios que es quien realmente tiene constancia real de la actividad del usuario.
En esta línea trabaja ACTA, una regulación que a nivel mundial están promocionando los sectores teóricamente mas conservadores (aunque no les faltan apoyos "progres"), entidades de gestión, grandes multinacionales multimedia y empresas tecnológicas.
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) nace de la preocupación de la OMC por poner fin al comercio ilegal. Su objetivo es acabar con la venta y distribuciones de falsificaciones a través de Internet.
Y cuando hablamos de falsificaciones y protecciones a la propiedad intelectual e industrial el abanico de posibilidades se extiende hasta límites increíbles.
Así por ejemplo se contempla desde la persecución de vendedores de productos piratas, herramientas que desactiven los DRM integrado en DVDs y CDs y por supuesto, las redes de intercambio de ficheros y los discos duros online como Rapidshare o Megaupload, entre otros.
ACTA, firmado por 40 países industrializados, contempla que sean los proveedores de Internet los encargados de controlar el tráfico de sus clientes para evitar el intercambio o distribución de material protegido por copyright.
Con esa delegación de servicios, los ISP, propietarios de portales, foros, blogs, etc... Estarían obligados a vigilar la actividad de sus usuarios y a denunciar a aquellos que practiquen actividades que puedan considerarse ilícitas aunque cuenten con cierto apoyo social.
El internauta común, no el chorizo o delincuente que siempre encuentra salidas para seguir practicando su actividad, se encontrará de esta manera totalmente vigilado y controlado, siempre pendiente de que cualquier comentario, acceso a sitios determinados o descargas indebidas acaben con su conexión a Internet y su conducción a la comisaría más cercana.
La libertad y privacidad está en peligro y pocos parecen estar dispuestos a defenderla.
