El Gobierno respalda a González-Sinde.. y modificará el redactado dejando manos libres a González-Sinde


maria teresa fernandez de la vega

Ni si, ni no, ni tampoco todo lo contrario. En una muestra más de ese talante que tanto le gusta al Presidente español, busca formulas para contentar a todo el mundo. Algo, que por el momento parece bastante imposible.

El Gobierno respaldó ayer la labor de la cuestionada ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aunque ha reconocido que está buscando una fórmula con la que corregir la disposición adicional del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que pretende luchar contra la piratería en la red.

Entre las medidas que serán rectificadas en el redacto final que será propuesta figurará la necesidad de una autorización judicial para cerrar una Web que vulnere los derechos de autor.

Control judicial

Las diferencias entre el Ministerio y el ejecutivo se centran en el papel de la «Comisión Independiente» que impulsará las medidas en contra de aquellos que vulneren los derechos de autor.

La existencia de ese organismo administrativo del que formaran parte las entidades de gestión de derechos de autor y funcionarios del propio Ministerio, es una condición impuesta por los «creadores» para seguir apoyando a la actual Administración.

Tanto la Ministra como sus antiguos amigos y colaboradores de la Academia del Cine, SGAE, etc… consideran imprescindible la existencia de esta entidad que ejercerá las funciones de «gendarme» de la red.

Y es que ya la propia patronal de la industria discográfica Promusicae y la Coalición de Creadores han mostrado su preocupación por que el Gobierno pueda ceder «en el pulso con los piratas» y dé marcha atrás en esta nueva reglamentación, que apoyan totalmente.

Una de las propuestas que baraja Cultura, con el apoyo de las gestoras, es que se mantenga la capacidad sancionadora de este organismo y que las decisiones sean a posteriori revisadas por la justicia.

De esta manera se contentaría a las dos partes enfrentadas en el conflicto, aquellos que quieren cerrar páginas sin más y los que defienden la intervención judicial.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha sostenido que se van a aclarar «todos los equívocos que ha podido suscitar» el anteproyecto y que es «necesario, inequívocamente«, compatibilizar la propiedad intelectual con la libertad de expresión, ya que se trata de dos derechos fundamentales.

Pese a posibles cambios en el anteproyecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha respaldado la labor de la ministra de Cultura y ha negado que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, la desautorizara al decir que «no se cerrará nada» en la red.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha afirmado que la ministra no se ha planteado dimitir, como ha pedido el Partido Popular, y que el presidente del Ejecutivo considera que está llevando a cabo su tarea «acertadamente».

Momento de debate

Sin embargo, De la Vega considera que es momento de debatir las medidas.

«El Gobierno estima imprescindible reforzar la protección de la propiedad intelectual en la red y eso debe ser perfectamente compatible con los derechos de los usuarios», ha dicho.

El Reglamento será clave

gobierno censura internetEl temor a lo que suceda ahora viene determinado por la forma en que se aplicaría la ley en caso de ser aprobada la presencia de ese organismo de vigilancia.

Según fuentes bien informadas, la opción con más posibilidades de salir adelante sería el apostar por un enunciado suficientemente abierto que dejará todo en manos de Cultura para que esta dicte las normas para su aplicación.

De esta manera y aún contemplando la presencia del control judicial quedaría en manos de Cultura la existencia de ese organismo, la composición de sus miembros y su capacidad sancionadora. Es decir, dejando el camino libre a Ángeles González-Sinde para que aplique su política restrictiva y censuradora.

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