Las operadoras ya han valorado el coste que les supone la navegación gratuita por la red aprovechando las redes Wifi abiertas: 160.000 euros al mes
El Wifi, que es ya el principal método de acceso al ciberespacio (según el Eurobarómetro lo tienen el 53 por ciento de los hogares 'on line'), se ha convertido en un auténtico coladero que permite el uso indiscriminado de la señal si no se adoptan los convenientes protocolos de protección.
Hasta este punto podría entenderse que hablamos de picaresca, pero este tipo de prácticas conllevan también graves perjuicios para los abonados 'legales' y para las compañías proveedoras. Los primeros, porque observan cómo 'inexplicablemente' los diez megas contratados, y por los que pagan religiosamente todos los meses, se quedan en muchos menos. Y los segundos porque son clientes que dejan de captar.
Podemos hacer incluso algunas estimaciones que nos aproximan al coste económico del fraude. Esta forma de 'choriceo', que sufre un 10 por ciento de los internautas (así lo afirman expertos consultados), supone un pufo de cerca de 163.000 euros mensuales sólo en la provincia. Las cuentas son fáciles. En estos momentos hay en la provincia 40.800 viviendas provistas de Internet inalámbrico. Si el 10 por ciento de ellos está siendo afanado, obtenemos la bonita cifra de 4.080, lo que multiplicado por los 40 euros mensuales que vale de media la tarifa plana y el alta de línea nos daría los citados 163.000 euros (casi dos millones de euros anuales). Eso es lo que costaría el 'piggybakcing', que es el palabro con el que se denomina esta forma de engaño.
Rafael Garrido, informático de la empresa Premium Servicios, considera que el robo del Wifi 'es una consecuencia directa de la falta de conocimiento por parte de los usuarios, aunque también es frecuente que el hurto se produzca por la utilización de claves fácilmente descifrables, como una enumeración lógica (1-2-3-4)'. 'En cualquier caso -agrega- lo realmente importante es blindar el sistema con una contraseña o con unos filtros que impidan que alguien ajeno se pueda beneficiar'.
La cuestión es si estamos ante una conducta delictiva. Existe grandes debates al respecto. Mientras que en otros países, como Gran Bretaña y Estados Unidos, han trascendido ya sentencias condenatorias por 'piggybakcing', en España todavía no se ha dado ningún caso. Los juristas consideran que habría que dilucidar si estamos ante una intromisión en el espacio privado. Si así se entendiera, podrían aplicarse los artículos 256 y 286 del Código Penal. En cualquier caso, esta legislación fue pensada para actuar contra los piratas de la televisión de pago, por lo que sería bastante difícil realizar una extrapolación. El asunto se complica todavía más desde el momento en que muchos establecimientos públicos, como hoteles, cafeterías y grandes almacenes, ofrecen esta prestación de forma gratuita, por lo que desde el exterior de los edificios cabe la posibilidad de que cualquiera pueda 'engancharse'.
Fuente: VMT
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