El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, establece una modificación de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información por la que se permite cortar Internet por orden judicial con el objetivo de "la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual".
El texto, difundido ayer por el Ministerio de Economía, incluye en la disposición final primera la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el objetivo de "proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet".
Hasta ahora, por orden judicial se podía interrumpir el servicio de Internet en los siguientes supuestos:
- La salvaguarda del orden público
- La investigación penal
- La seguridad pública y la defensa naciona
- La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas
- El respeto a la dignidad de la persona
- No discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social
- La protección de la juventud y de la infancia
No obstante, de aprobarse el anteproyecto, que está en proceso de consultas, tal y como lo ha redactado el Ejecutivo, a estos supuestos se añade el de la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, por lo que un juez podrá ordenar interrumpir la prestación del servicio de Internet en caso de que vea vulnerado ese derecho.
Además, se introduce un nuevo apartado segundo del artículo 8 Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información en el que se establece que los órganos competentes podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan la identificación de la persona que está vulnerando el derecho de propiedad intelectual, y los operadores "estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan".
Asimismo, se establece que el Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información y se crea dentro de este ministerio la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley.
La Comisión estará dividida en dos secciones, una Sección Primera que ejercerá las funciones de mediación y arbitraje y una Sección Segunda que velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información. La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes, en el caso d e que se produzca un conflicto.
El Gobierno se explica
El complicado redactado de este nuevo proyecto ha precisado que el propio Gobierno se explique por la boca de dos de sus ministros.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha asegurado que el Gobierno no va a "perseguir a los usuarios" de Internet, sino que actuará para "evitar que haya páginas de descargas ilegales" y "concienciar a los ciudadanos de que hay que respetar la propiedad intelectual".
En este sentido, en declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press, afirmó que el Gobierno va a trabajar para ofrecer a los usuarios "páginas de descarga baratas y legales tanto de música como de películas".
"Tenemos que buscar un punto de equilibrio entre el respeto a la propiedad intelectual, que compartimos, pero por otro lado la necesidad de respetar la libertad y privacidad en el uso de Internet", señaló Sebastián, quien subrayó que en España hay "un buen modelo que compagina esos dos equilibrios".
Asimismo, señaló que el Ejecutivo se está "gastando mucho dinero público" para asegurarse de que "el uso de Internet se extienda a toda España, a todos los hogares". "Por eso hay que buscar un equilibrio entre libertad, privacidad, no ir a meterse en la vida privada de los ciudadanos en el uso de Internet, con el respeto a la propiedad intelectual", concluyó.
En esta misma línea se manifestó la ministra Cultura, Ángeles González-Sinde, quien aseguró que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no prevé que se corte el servicio de internet a los usuarios "en ningún caso", sino que actuará frente a quienes exploten los derechos de obras ajenas.
La titular de Cultura ha informado de que será la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano formado por expertos independientes que pertenecerá a su Ministerio, la que investigará los casos de explotación ilícita de obras culturales.
El anteproyecto de Ley establece que el Ministerio de Cultura "velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la Sociedad de la Información".
Para ello, se creará en su seno la Comisión de Propiedad Intelectual "como órgano colegiado de ámbito nacional". Sus funciones, además de la salvaguarda de los derechos, serán la mediación y el arbitraje.
"Lo que está previsto es que sea el órgano administrativo el que examine cada caso y, según los derechos que sean vulnerados (...), decida cuál es el procedimiento (...) necesario", ha apuntado González-Sinde.
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