Con acusaciones por una parte y satisfacción por la otra acabó la reunión del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Catsi).
El plato fuerte de la reunión era la discusión de la futura Ley de la Sociedad de la información y más concretamente el polémico artículo 17 bis. En su redacción original, este artículo permitía a las entidades gestoras forzar el cierre de sitios Web sospechosos de violar la propiedad intelectual.
A la reunión asistieron los integrantes de la misma: sector industrial, los consumidores y los sindicatos, bajo la presidencia del secretario de estado de las Telecomunicaciones, Francisco Ros. Debido al carácter de está se invitó a ocho entidades de gestión aunque no pertenecen al órgano asesor y cuyas conclusiones no son vinculantes.
El punto de partida de la reunión, fijado por Ros, establecía la desaparición de la introducción del polémico artículo 17 bis en la LSSI. A cambio, el secretario de Estado ha ofrecido la creación de una mesa de diálogo para discutir durante dos meses, a fondo y con todas las partes implicadas, el tratamiento de los derechos de autor en la Red.
En esa nueva mesa se invitaba a participar a las entidades gestoras como partes implicadas en la protección de los derechos de autor.
¡No, no y no!
La propuesta desagrado enormemente a los representantes de estas entidades.
Según ha declarado Antonio Guisasola, presidente de Promusicae y portavoz de las entidades, éstas han estado negociando durante dos años el procedimiento de notificación y retirada previsto en el 17 bis y no tienen nada más qué hablar. "Es una burla empezar de cero, cuando el sector industrial rechazó todas las propuestas", ha afirmado.
"No hemos notado la más mínima voluntad del Ministerio de Industria de sacar adelante el procedimiento de aviso y retirada de contenidos piratas en Internet", una de las medidas incluidas en el Plan contra la Piratería aprobado por el Consejo de Ministros hace tres años y que "se está incumpliendo", afirmó el Director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Pedro Farré, también presente en la reunión del Catsi. "El Gobierno incumple su compromiso", han coincidido en señalar Guisasola y Farré.
Tras anunciar que no van a participar en esa nueva mesa las entidades decidieron abandonar la reunión.
Internautas apuestan por el consenso
La propuesta fue bien recibida, en cambio, por las asociaciones de internautas quienes expresaron su deseo de alcanzar un consenso en la protección de derechos de autor. Eso, sí no a cambio de los derechos propios de los consumidores.
"Nos parece significativa esta postura, por la que rechazan la negociación si no se les da lo que quieren", aseguró el presidente de la AUI.
A juicio de la Asociación de Usuarios, "lo que no se puede aceptar" es partir de una "filosofía preventiva" en torno al uso de la Red y situarse en el "por si acaso se delinque", en un tema "tan serio del que depende la Sociedad de la Información".
Ante esta situación, el presidente de esta asociación, Miguel Pérez Subías, recalcó que "la pelota está en el tejado del Gobierno", que será quien deba decidir finalmente la redacción del articulado de la nueva norma.
"Nadie niega la propiedad intelectual, pero hay que abordar el tema con calma porque genera conflicto", concluyó Subías aunque el boicot de las entidades de gestión a las conclusiones de esa nueva mesa pueden convertir a estas en papel mojado.
