El Gobierno británico protagoniza un nuevo escándalo relacionado con la pérdida de información confidencial de ciudadanos tras el extravío por parte de la empresa privada PA Consulting de los datos de 84.000 presos almacenados en una memoria USB, que ya ha sido calificado de "profundamente preocupante" por parte del comisionado de Información.
El Ministerio del Interior ha abierto de inmediato una investigación, si bien su titular, Jacqui Smith, ya ha culpado a la compañía, puesto que mientras el Gobierno había guardado los datos de forma segura, PA Consulting los habría descargado, pese a ser una práctica prohibida por el contrato establecido entre la Administración y la firma.
Por su parte, PA Consulting, que ha declinado pronunciarse, ya ha revisado sus locales y supervisado las grabaciones de los circuitos CCTV para intentar recuperar la memoria USB, si bien por el momento se ignora cómo se perdió.
Entre los datos extraviados figuran detalles personales descodificados de unos 10.000 delincuentes habituales, como los nombres, fechas de nacimiento y otros datos de 84.000 presos de las cárceles de Inglaterra y Gales, así como 33.000 grabaciones del sistema informático de la policía.
El suceso ha llevado a la oposición a acusar al Gobierno de "masivo fracaso de sus deberes", puesto que no es la primera vez que el Ejecutivo pierde la pista a importantes datos confidenciales de ciudadanos británicos o documentos de alta seguridad nacional como los que varios funcionarios se dejaron olvidados en un tren el pasado mes de junio.
Normas
La propia Jacqui Smith reconoció en declaraciones a la cadena BBC que el episodio era "completamente insatisfactorio" para su departamento y se mostró "preocupada y decepcionada" por el hecho de que la memoria USB hubiese sido aparentemente "extraviada". Así, explicó que "eran datos guardados de forma segura que fueron descargados en un lápiz de memoria por un contratado externo", algo que "va contra las normas" acordadas por el Gobierno y la compañía.
Por ello, avanzó que ya se estaba llevando a cabo una evaluación del riesgo de la información perdida, en paralelo a la investigación interna sobre lo ocurrido, y confirmó que mientras dure este proceso, no se pasará más información a la empresa, cuyo contrato está siendo "revisado" por el Gobierno.
PA Consulting manejaba los datos como parte de un proyecto de investigación de rastreo de los criminales a través del sistema criminal de justicia y, además, es una de las compañías que colabora con el Gobierno en el desarrollo del polémico proyecto de carné de identidad, rechazado por la oposición en Reino Unido.
Por su parte, los distintos departamentos del Ejecutivo ya habían recibido órdenes para reforzar sus procesos de seguridad tras la pérdida el pasado mes de noviembre de dos discos con datos personales de menores perceptores de beneficios, a los que se sumaron nuevos escándalos en el manejo de información ciudadana y de documentos sensibles como las investigaciones por terrorismo.
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