La Comisión Europea ha confirmado que va a investigar si Samsung Electronics y Apple han violado normas antimonopolio de la Unión Europea con sus acusaciones de infracción de patentes en su disputa legal mundial.
Desde abril, las dos compañías tecnológicas han intercambiado demandas ante los tribunales de 10 países por sus teléfonos móviles avanzados y 'tablets' o computadoras de pantalla táctil.
"La Comisión (Europea) ha enviado peticiones de información a Apple y Samsung respecto a la ejecución de patentes esenciales de estándares en el sector de la telefonía móvil", ha confirmado Bruselas en un comunicado.
"Estas peticiones de información son un procedimiento habitual en investigaciones antimonopolísticas para permitir a la Comisión establecer los hechos relevantes en un caso. No tenemos más declaraciones a estas alturas", ha añadido el organismo ejecutivo de la Unión Europea.
En las demandas presentadas, Apple argumenta que la línea de móviles y 'tablets' Galaxy de Samsung se copia "descaradamente" su iPhone y iPad. Samsung, a su vez, ha demandado a Apple ante varios tribunales europeos.
Un comunicado de Samsung ha dicho que el grupo "en todo momento ha permanecido comprometido con términos de certificación justos, razonables y no discriminatorios por nuestras patentes inalámbricas".
"Hemos recibido una petición de información de la Comisión Europea y estamos cooperando en todo", ha añadido la compañía.
El mes pasado, un tribunal holandés descartó los argumentos de Samsung, diciendo que sus patentes 3G forman parte de estándares esenciales que deberían estar abiertos a certificación con condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND, por sus siglas en inglés).
Esas tácticas deberían preocupar a los reguladores, dijo el experto independiente en propiedad intelectual Florian Müller.
"Samsung fue demasiado lejos al intentar cerrar los productos de Apple con sus patentes 3G en nueve países en cuatro continentes. Esa es una receta para desatar una investigación antimonopolística", ha afirmado.
La Comisión puede multar a una empresa con hasta el 10 por ciento de su facturación si determina que ha violado las normas comunitarias.
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