El Consejo de Ministros aprueba un proyecto de Ley que obliga a las operadoras a identificar a sus clientes y conservar un año la información sobre las llamadas.
El Proyecto de Ley de Conservación de Datos en comunicaciones electrónicas que ha aprobado recientemente el Consejo de Ministros obligará a que las operadoras móviles recojan la identidad de los compradores de los 16 millones de tarjetas prepago que hay actualmente en circulación.
De este modo, las tarjetas dejarán de ser anónimas y la Policía podrá conocer la identidad de su titular para una investigación, detención o enjuiciamiento de delitos.
Eso sí, las fuerzas de seguridad del Estado no tendrán acceso al contenido de la comunicación sin la debida autorización judicial.
Adoptar estas medidas le supondrá a las compañías un desembolso de unos 20 millones de euros y contarán con un plazo de tres meses para llevarlas a cabo desde el momento en el que se apruebe.
La normativa, aprobada a propuesta de los Ministerios de Justicia, Interior, Industria, Turismo y Comercio y Defensa, ha sido sometida a informe de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
