La multa de la Comisión Europea a Telefónica por prácticas anticompetitivas ha encontrado el rechazo inesperado de varias asociaciones de usuarios.
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En un comunicado conjunto, la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y la Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (ADECES) señalan que la decisión de la UE crea inseguridad jurídica y acabará afectando a la competencia en el sector de las telecomunicaciones.
"Ningún mercado puede funcionar con desconfianza de las empresas o de los usuarios y eso es lo que va a ocurrir a raíz de la multa que la Comisión ha impuesto a Telefónica", afirman estas asociaciones.
En su opinión, Bruselas "está enviando un mensaje a todos los reguladores nacionales destinado a desautorizar sus decisiones y, en paralelo, a los operadores, que no sabrán a que instancia hacer caso, generando inseguridad jurídica y provocando más intervenciones administrativas, lo que en última instancia afectará a la competencia".
Por otra parte, indican que la sanción impuesta no toma en consideración ni los criterios de precios impuestos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Telefónica, ni la supervisión de sus cuentas por parte de este organismo, con lo que la Comisión está planteando "una desautorización al órgano regulador nacional, pero en la cara de una empresa privada".
Las tres asociaciones opinan que la carestía de la banda ancha en nuestro país se debe a una "política de apuesta por la reventa" que hasta hace muy poco tiempo proporcionaba márgenes de beneficio de más del 40% "que han sido aprovechados para mejorar los resultados de los revendedores en vez de ser trasladados, al menos una buena parte de ellos, a los usuarios finales".
La solución pasa, a su entender, por una política diferente que no regule el precio minorista del operador dominante, sino que éste funcione a través de la fijación de una "autorización de precios máximos", para impulsar la competencia y las inversiones y no la reventa
