Desde hace varias semanas, la Comisión y el Parlamento Europeos presionan a los Estados miembros de la UE para que respalden una ley que reduce de forma drástica los precios de las llamadas de telefonía móvil a otro país, pero los gobiernos de los Veintisiete se resisten.
Cuando ya hace un año que Viviane Reding, comisaria europea de Telecomunicaciones, prometió con gran publicidad que las facturas bajarían 'a partir del verano', los usuarios podrían sufrir una nueva decepción. Tan entusiasta como Reding y más virulento contra las compañías telefónicas por sus precios 'exorbitantes', el Europarlamento reconoció el pasado jueves que había pecado de exceso de optimismo.
A falta de acuerdo tras 11 días de negociaciones, finalmente retrasó a la semana del 21 al 27 de mayo una votación inicialmente prevista para el día 10. Así, varios diplomáticos europeos dijeron a la AFP que es 'muy improbable' que los consumidores se beneficien de una eventual reforma antes del próximo otoño. 'Retrasos incomprensibles' hacen que el reglamento no pueda entrar antes en vigor.
El martes, las tres partes del asunto retoman la batalla. Si bien todas están de acuerdo en que deben limitarse los gastos de conexión internacional, subsisten dos espinosas cuestiones: qué límites y para quién. Mientras los Estados proponen limitar los precios de las llamadas hechas desde otro país a 60 céntimos de euro por minuto, y a 30 céntimos los de las llamadas recibidas, el Parlamento y la Comisión bregan por rebajarlos a 40 y 15 céntimos.
Otro motivo de discordia: mientras los eurodiputados pretenden que todos los usuarios se beneficien automáticamente de la nueva tarifa cuando entre en vigor, las compañías prefieren que los clientes, informados por su telefónica de los nuevos precios, escojan ellos mismos sus bonos. 'Si algunos clientes ya se benefician de llamadas más baratas, no queremos transferirlos automáticamente a una tarifa más cara', explica una diplomática británica.
En general, la mayoría de los gobiernos se confiesan sorprendidos de la obstinación y la presión mostradas por la comisaria Reding y el Parlamento. Cómo negociar mientras ejercen 'un chantaje, con una pistola en la sien', y amenazan con exponerlos a la crítica de la prensa y los consumidores descontentos si retrasan el proceso, se pregunta un diplomático francés.
'Queremos un compromiso, pero no queremos aceptar algo poco realista que no cubra los costos' de las empresas telefónicas, advierte la diplomática británica, quien asegura que la actual propuesta de la Comisión costaría 500 millones de euros a la industria británica. Eso obligaría a las compañías a aumentar en 35 euros el preció de los teléfonos móviles. '¿De qué serviría bajar las tarifas internacionales, si es para que suban los precios de las llamadas nacionales o de las combinadas?', apunta.
Y es que la Comisión Europea se lanzó hace una año a una batalla difícil, pues se trata de la primera vez que la Unión Europea intenta 'reglamentar un sector liberalizado', señala un diplomático galo, quien asegura que las telefónicas ya están pensando en recurrir contra el reglamento ante la justicia. Si las partes no llegan a un acuerdo en los próximos 15 días, tendrá que haber una segunda lectura, lo que retrasará todavía un poco más la entrada en vigor de la ley.
